El concepto de orden público es uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico colombiano. De acuerdo con la Corte Constitucional, el orden público es conjunto de condiciones que aseguran la seguridad, tranquilidad y bienestar de la sociedad y que permiten el disfrute de los derechos humanos, debe complementarse con un medio ambiente saludable, el cual es esencial para el adecuado desenvolvimiento de la vida en comunidad. En consecuencia, se entiende que el orden público abarca no solo las condiciones de seguridad y tranquilidad, sino también la salubridad ambiental, la cual es necesaria para la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos constitucionales, en línea con el principio de la dignidad humana (Sentencia C-128/18), este último concepto resulta relevante ya que su objeto de protección implica el vivir bien, el vivir como se quiere y el vivir sin humillaciones. Por su parte, la inteligencia artificial (IA) es una tecnología emergente que está cambiando la forma en que vivimos y trabajamos. La IA se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático y la toma de decisiones.

En la actualidad, la IA está siendo utilizada en diversas áreas, como la salud, la educación, la seguridad y el transporte, entre otras. Sin embargo, su uso plantea importantes desafíos para el orden público y el ordenamiento jurídico colombiano. Uno de los principales desafíos es el de garantizar la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos en el contexto de la IA. No obstante, el uso inadecuado de la IA puede afectar la dignidad humana de varias maneras. Por ejemplo, la recopilación y el uso de datos personales a través de la IA pueden afectar la privacidad y la libertad individual, la discriminación algorítmica puede perpetuar la desigualdad social y el sesgo en los algoritmos de toma de decisiones puede llevar a decisiones injustas.

Para prevenir lo anterior, el ordenamiento jurídico colombiano establece un marco legal para regular el uso de la IA y garantizar la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. En particular, la Constitución Política de Colombia establece que todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, y que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de estos derechos. Además, el Código Penal colombiano establece sanciones para aquellas conductas que atenten contra el orden público y la seguridad de la sociedad. En el contexto de la IA, el ordenamiento jurídico establece que el uso de esta tecnología debe estar sujeto a los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad y protección de los derechos humanos. Por lo tanto, el uso de la IA debe garantizar que no solo sea legal, sino que también -algo más difícil- su uso ético y responsable, y, claro, que no atente contra los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

El orden público y la IA están estrechamente vinculados en el contexto del ordenamiento jurídico colombiano. Si bien la IA ofrece importantes oportunidades para el desarrollo y el progreso, también presenta desafíos importantes para la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, así como para la seguridad y el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, es esencial que al utilizar la IA se respeten los principios éticos y legales establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano, y que las autoridades encargadas de la seguridad garanticen el derecho a la intimidad y la protección de datos personales en el contexto de la IA.